La llamada "teoría de los dos demonios" sostiene que en los años 70 hubo dos bandos igualmente violentos: por un lado, las organizaciones armadas revolucionarias; por el otro, las Fuerzas Armadas. Este relato busca justificar el terrorismo de Estado y equiparar los crímenes de una dictadura con las acciones de resistencia política. Pero esta teoría fue ampliamente refutada por organismos de derechos humanos, historiadores y por el propio Estado argentino. ¿Por qué? Porque en un Estado de derecho, el terrorismo no puede ser ejercido por quienes detentan el poder institucional. Las Fuerzas Armadas usaron el aparato del Estado para secuestrar, torturar, desaparecer y asesinar sin juicio ni garantías. Las organizaciones armadas existieron, sí, pero no controlaban el Estado, ni diseñaron un plan sistemático de exterminio, ni secuestraron bebés ni desaparecieron personas durante años. Incluso el prólogo original del Nunca Más (1984) usó esta teoría como marco, pero fue luego corregido públicamente por Estela de Carlotto, Nora Cortiñas y otros referentes.

Equiparar la violencia desde arriba con la resistencia desde abajo es negar la responsabilidad histórica del terrorismo de Estado.

Durante la dictadura militar en Argentina (1976-1983), el cine fue fuertemente censurado y controlado por el régimen, que prohibió películas consideradas “subversivas” y promovió contenidos conservadores. Muchos cineastas fueron perseguidos, exiliados o desaparecidos, y se produjo una fuerte autocensura. La producción independiente decayó, mientras que algunos artistas continuaron creando cine crítico desde el exilio. A pesar de la represión, circularon de forma clandestina películas que denunciaban la situación. Tras el retorno a la democracia, el cine recuperó su libertad y comenzaron a surgir obras que abordaron los crímenes de la dictadura. Los medios de comunicación también fueron fuertemente controlados por el Estado. El régimen impuso una estricta censura, prohibiendo noticias o contenidos que pudieran cuestionar al gobierno o informar sobre la represión y las violaciones a los derechos humanos. Se utilizó la prensa, la radio y la televisión para difundir propaganda oficial y manipular la opinión pública, ocultando la existencia de secuestros, torturas y desapariciones. Muchos periodistas fueron perseguidos, censurados, detenidos o asesinados, y varios medios colaboraron activamente con la dictadura, reproduciendo el discurso oficial. También se promovió el miedo y la autocensura, y se clausuraron publicaciones opositoras. Los medios alternativos y críticos fueron silenciados, lo que dejó a la población desinformada y expuesta a una versión manipulada de la realidad.

La Universidad de Buenos Aires, como muchas otras instituciones educativas, fue intervenida por la dictadura cívico-militar apenas iniciado el golpe. La represión no se limitó a las calles: también se metió en las aulas, en las bibliotecas y en los centros de estudiantes. El interventor designado fue Alberto Rodríguez Galán, un militar que impuso un modelo autoritario y conservador. Se disolvieron los órganos de cogobierno, se expulsaron docentes y estudiantes, se prohibieron libros, se censuraron programas y se criminalizó la militancia. Durante la dictadura, más de 400 personas vinculadas a la UBA fueron desaparecidas: estudiantes, docentes, investigadores, no docentes. La represión también se expresó en el vaciamiento del pensamiento crítico: se desarticularon carreras, se promovieron cátedras reaccionarias, se instaló el miedo. En lugar de formar ciudadanos libres y críticos, la UBA fue usada como herramienta de control ideológico. Hoy, muchos de los pasillos de la UBA llevan los nombres de las y los desaparecidos.

La memoria también se construye desde las universidades.